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Actualidad

18/11/2017


Responsabilidad de los medios de prensa. Doctrina Campillay. Fuente: dichos de vecinos.

Se condena a los demandados a pagar al actor la suma de 40.000 pesos en concepto de daño moral, toda vez que, en la información brindada en el programa televisivo en cuestión, imputando al accionante la usurpación de campos y la realización de vuelos ilícitos desde pistas clandestinas, no se reservó la identidad del actor, no se usó el término en potencial y el requisito de la atribución de la fuente no se cumplió, pues se afirmaron a título personal noticias que provenían de otras personas, se añadieron dichos propios y se aludió como fuente a "vecinos", lo cual es genérico e impreciso.
F., R. H. vs. Méndez, Tomás y otro s. Ordinario /// Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Primera, Córdoba, Córdoba; 18-12-2014, RC J 8942/14



Texto

En la Ciudad de Córdoba, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil catorce, siendo las diez horas y quince minutos, se reunieron en Audiencia Pública los Sres. Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, Dres. Julio C. Sánchez Torres, Guillermo P. B. Tinti y Leonardo C. González Zamar a los fines de dictar Sentencia en los autos caratulados: "F., R. H. C/ MENDEZ TOMAS Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL - RECURSO DE APELACIÓN". Expte Nº 2248315/36, venidos a la alzada con fecha 11/08/2014 procedentes del Juzgado de Primera Instancia y Trigésimo Octava Nominación de esta ciudad, por haber deducido la parte actora recurso de apelación en contra de la Sentencia Número Doscientos Sesenta y Dos de fecha treinta de junio de dos mil catorce (fs. 542/553) dictada por la Sra. Juez Dra. María Elbersci Broggi que resolvía: "1) Rechazar la demanda interpuesta por el señor R. H. F. D.N.I. -compuesta por la acción declarativa de inexactitud y la acción resarcitoria por daños y perjuicios- en contra de los señores Tomás Ariel Mendez D.N.I., Guillermo Bahr D.N.I. y Miguel Omar Ponce de León D.N.I. 2) Imponer las costas al actor señor R. H. F. D.N.I. 3) Regular los honorarios profesionales del ab. Joaquín Blanco Rigotti en el importe de pesos); y los del Dr. Gustavo Luis Liebau en la suma pesos, con más el monto de pesos en concepto de I.V.A. 4) No regular en esta ocasión, los estipendios del Dr. Ramón Daniel Pizarro. 5) Tener presente la reserva por el Caso Federal efectuada por el actor. Protocolícese...".
Estudiados los autos el tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Procede el recurso de apelación de la parte actora?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Efectuado el sorteo de ley, resultó que el orden de emisión de votos es el siguiente: Dr. Julio C. Sánchez Torres, Dr. Guillermo P.B. Tinti y Dr. Leonardo C. González Zamar.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JULIO C. SÁNCHEZ TORRES, dijo:
1. Llegan los presentes autos a este Tribunal de Grado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que luce a fs. 542/553, siendo concedido a fs. 558.
2. Radicados en esta sede e impreso el trámite de rigor, el apelante expresa agravios a fs. 576/582 quejándose por lo siguiente, a saber: a) por la arbitraria aplicación de la doctrina Campillay. Dice el recurrente que la Juez a quo cuando analiza las expresiones vertidas en el programa ADN, de fecha 12 y 19 de junio de 2011 sostiene que los dichos allí vertidos fueron realizados por terceras personas que se identificaron con nombre y apellido, lo cual exime de responsabilidad al demandado Mendez. Añade el quejoso que la referida doctrina requiere para su procedencia de una fuente individualizada, un medio informador y adecuación objetiva, exacta y completa entre lo expresado por la fuente y lo informado, destacando que cuando se aditan opiniones propias la doctrina Campillay no resulta de aplicación. Sigue diciendo que el accionado Mendez actuó excediendo largamente la mera reproducción de los dichos injuriantes de terceros. Niega que el demandado hubiere reproducido entrevistas de personas en los referidos programas, solamente. Destaca que los dichos mas agraviantes fueron realizados a título personal por el demandado Méndez, remarcando que en el caso sub examine no se ha individualizado la fuente: por la arbitraria aplicación de la doctrina de la real malicia. Afirma el apelante que se rechazó la demanda por considerar que en el caso concreto resulta aplicable la doctrina de la real malicia. Sostiene que si se aplicó la doctrina del caso Campillay, ningún sentido tiene entrar en la doctrina de la real malicia, que se emplaza a nivel de factor de subjetivo calificado de atribución, indicando que la doctrina de la real malicia no es aplicable desde que el actor no es un funcionario público, sino un simple particular, por lo que no están alcanzados por dicha doctrina. Por otro lado, el damnificado debía cargar con una prueba negativa, esto es, que la información era falsa. Sostiene que la prueba de la culpa del demandado ha sido demostrada, ya que se desentendió de las más elementales reglas deontólogicas y jurídicas que rigen su actividad; c) por el rechazo de la acción declarativa de inexactitud. Manifiesta el quejoso que esta acción subsidiaria orientada a que se declare que los hechos mencionados en los programas antes referidos son falsos, tratándose de una acción distinta a la resarcitoria, persiguiendo solamente que lo difundido por Méndez es falso; d) por la imposición de costas. Afirma que ellas deben ser impuestas por el orden causado. Estima que su representado tenía legítimos motivos para demandar, en un marco de defensa de su honor y total buena fe. Hace reserva del recurso extraordinario. Pide se haga lugar al recurso entablado, con costas.
3. A fs. 583 se corre el traslado de rigor, el que es contestado por la demandada y codemandada a fs. 584/595, solicitando se rechace el remedio intentado, con costas. A fs. 597/599 hace lo propio el co accionado Guillermo Bahr, manifestando que el recurso intentado por el actor debe rechazarse, con costas.
4. A fs. 556/557 la parte actora deduce recurso de apelación en los términos del art. 121 del estatuto arancelario. Se queja porque el Tribunal no determina los parámetros cualitativos a tenor de los cuales fija como porcentual aplicable el punto medio de la escala arancelaria. Por otro lado, porque superan largamente las regulaciones practicadas el límite del 25 % que fija el art. 505 del CC, por lo que debe prorratearse los montos correspondientes al pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales. Pide se revoque la regulación de honorarios.
5. A fs. 559/561 luce la contestación de agravios de la parte demandada, quien solicita se rechace el remedio interpuesto dado que luce notoriamente inadmisible.
6. A fs. 600 se dicta el decreto de autos, y firme, la causa queda en condiciones de ser resuelta.
7.Entrando al tratamiento de la cuestión traída a decisión de este Tribunal de Grado, corresponde aludir en primer lugar al recurso de apelación articulado por la parte actora sobre el fondo del asunto, cuya queja reseñada en la letra a) del presente refiere a la errónea aplicación de la doctrina Campillay.
8. En el caso sub examine, la acción de daños y perjuicios entablada contra el demandado Tomás Méndez y los co demandados, Ponce de León y Guillermo F. Bahr persiguiendo la cantidad de pesos cien mil y además, acción declarativa de inexactitud, debido a información inexacta y agraviante vertida en el programa televisivo ADN los días 12 y 19 de junio de 2011, siendo rechazadas ambas acciones en el decisorio recurrido.
9. El agravio que esgrime el apelante en esta sede radica, como ya se dijera, en una errónea aplicación del caso Campillay. Dígase antes que nada que la libertad de prensa a veces entra en tensión con otros derechos que también gozan de protección constitucional; y, en este sentido el deber de información, de su difusión o el derecho de buscarla no suprime la responsabilidad por los daños que pudiera cometer en su ejercicio (Fallos: 324-4433, considerando 8). En este derrotero, una de las manifestaciones más comunes de la libertad de prensa es el derecho de crónica, esto es, difundir noticias que puedan interesar a la comunidad (Doctrina de "Campillay", "Costa", "Abad", en Fallos 308-789, 310-508 y 315-632, respectivamente).
10. A su vez, no debe perderse de vista que también en la solución del conflicto que se presente entre el derecho a la libertad de prensa y la lesión al honor de la persona damnificada, los tratados internaciones juegan un papel preponderante, ya que establecen que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra injerencias a su honra, su reputación o vida privada. (art. 75 inc. 22; Fallos 319-3085, voto de los Dres. Belluscio y Lopez, Considerando 5 y 6).
11.Lo expresado precedentemente permite decir que la Corte Federal en el caso Campillay estableció como estándar que el medio periodístico no será responsable por la difusión de la información que pudiera afectar a una persona, si cumple los siguiente requisitos: a) cuando se difunda la información atribuyendo su contenido directamente a la fuente y si se puede, transcribiéndola; b) cuando se omita la identidad de los presuntamente implicados y c) cuando se utilice un tiempo de verbo potencial. De tal modo que la invocación de la fuente y la transcripción sustancial de la noticia borran la antijuridicidad a la conducta.
12.En el caso sub lite, la información que se brindara por el demandado Méndez en el programa televisivo ADN, realizado con fecha 12 de junio de 2011, comienza expresando que mostrará dos investigaciones que tiene que ver con las usurpaciones en los campos en la provincia de Córdoba, mostrando cómo funcionaría la industria de la usurpación (ver fs. 146). Luego de entrevistar a varias personas cuyos nombres indica, el accionado sostiene "terminamos con la frutilla de la torta, en realidad vamos a hablarte del señor F.,... que es de Entre Ríos, añadiendo que "ese señor viene a la provincia de Córdoba y dicen que una localidad cercana a la Rinconada es de Santiago del Estero, con un título trucho que dice que su propiedad es de Santiago del Estero se mete en un campo de Córdoba. De cuanto es el campo y que valuación tiene aproximadamente: cien millones de dólares, cien millones de dólares¡¡¡ entonces F. en donde obviamente ahora en ese campo hay toda una pista de aterrizaje. Hay que preguntarse que hace tanto vuelo durante la semana que viene de Entre Ríos a esa pista de aterrizaje, en ese campo al norte de la provincia de Córdoba que linda con Santiago del Estero. Hay que preguntarse que hacen con tanto vuelo muchachos¡¡¡, acá me parece que acá hay algo raro¡¡¡ no creo que llegue soja en avioneta, puede haber algo más, complicado seguramente. Hay que ver que hace la policía de la provincia de Córdoba o la federal porque en ese campo están aterrizando 4 aviones aproximadamente por semana, sino es más eh según lo que reportan los propios vecinos; hasta de noche también, pero bueno volvamos al tema de campos cien millones de dólares¡¡¡ cuesta ese campo, el tipo se mete en este campo con un título de Santiago del Estero y quienes son su abogados... El señor Martínez, el señor Touriño y quienes lo asesoran el señor Bruno Balduzzi... el otro abogado es Marcelo Uliana, todos que se repiten en los distintos lugares donde se hicieron usurpaciones en la provincia de Córdoba (ver fs. 153 vta./154). Luego el periodista demandado refiere a entrevista a una persona sobre el tema de la usurpación que habría realizado el actor F. (los términos remarcados en la transcripción no están en el original).
13. La entrevista del día 19 de junio de 2011 (ver fs. 155 vta./158), sigue aludiendo a las usurpaciones, para lo cual entrevista al Sr. Eduardo Cuello a fin que le cuente la "historia de la Rinconada", donde estaría implicado el demandante.
14. Así las cosas, estimo que asiste razón al recurrente, esto es, en el caso que nos ocupa no se aplicaron correctamente los postulados del caso Campillay que resolviera años atrás la Corte Suprema de Justicia. En efecto, la entrega del programa del día 12 de junio de 2011, parcialmente transcripta arriba, indica que hay varios pasajes de la información que son dichos propios del demandado. En primer lugar, el accionado calificó de "trucho" al título que ostenta el actor. Es cierto que el demandante se encuentra denunciado por usurpación como bien lo expresa la Señora Juez en su resolución, en la autos caratulados:"F., R. H. p.s.a. Usurpación. Reiterada. Recurso de Casación. Expte F. 5/2012), que luce a fs. 386/400 y en donde resuelve el Alto Cuerpo Provincial que la acción penal no se encuentra extinguida por prescripción en contra del actor de este juicio.
15. A la calificación del título como trucho, el demandado Méndez menciona una cierta cantidad de vuelos realizados durante la semana, lo cual es algo raro- así lo pone de resalto-, pudiendo haber algo complicado, además de afirmar que "hay que ver qué hace la Policía de la Provincia de Córdoba o la Federal porque en ese campo están aterrizando cuatro aviones aproximadamente por semana..." lo cual es reportado por los vecinos, palabra que es indefinida y no indica la fuente. La lectura del texto arriba transcripto, parcialmente referido en este Considerando, muestra que el actor realizaría vuelos ilícitos, por la referencia a la policía ya que de otro modo, no tiene sentido aludir a ella, y menos aún a la policía federal, salvo que se la mencione vinculando los vuelos con cierta mercadería, que por la insinuación efectuada por el accionado sería prohibida.
16.Se advierte del programa de fecha 12 de junio de 2011 que la referencia a las personas que se entrevistan con motivo de las usurpaciones no puede eximir de responsabilidad al accionado porque indudablemente se ha incurrido en una información agraviante, ya que no sólo se trata de "vecinos" de dudosa credibilidad, sino que además no se limitó a entrevistarlos, sino que individualizó al actor; además, no sólo se aludió a los dichos de los entrevistados, sino que el periodista le agregó opiniones propias, tales como los distintos vuelos; por su cantidad había algo raro y por lo cual, la policía debía investigar.
17. El requisito de la atribución de la fuente, en el caso sub lite, no se cumple. El programa del día referido tiene un papel concausal que lo hace responsable, ya que afirmó a título personal noticias que provenían de otras personas, que algunas veces identifica y otras alude como vecinos. (Zavala de González, M. "Daños a la Dignidad" Bs.As. Astrea. T. 2, p. 240; Andrada, A.D. "La Identificación de la fuente de la información en la jurisprudencia de la Corte Suprema" Responsabilidad Civil y Seguros. 2002.358 y ss.; Peralta Mariscal, L. L. "La Protección del honor ante la difusión de informaciones. La Doctrina "Campillay", en Revista de Derecho Privado y Comunitario. Sta. Fe. Rubinzal Culzoni. 2006.-2, p221 y ss.; L. L. NOA. 2001. 456).
18. En otras palabras, en el caso traído a decisión no se reservó la identidad del actor; no se usó el término en potencial y además, a los distintos entrevistados, el demandado le añadió algo propio, sus dichos al expresar que había algo raro en la cantidad de vuelos que se realizaban por semana; que la policía provincial y federal debían investigar, lo que claramente insinúa vuelos o actividad ilícita por parte del actor, o refirió también a vecinos, lo cual es genérico e impreciso. (CS., in re: Perini, Carlos Alberto c/ Herrera de Noble, Ernestina). En este punto bien se ha dicho que la libertad de expresión "no toma como punto de partida al individuo sino a la sociedad organizada en un Estado democrático" (García, P. "La tutela del Honor y la Intimidad como límites a la libertad de expresión " en Estudios Penales. Barcelona Bosch. 1984, p. 386).
19. Por ello, la referencia que esgrime el demandado en su contestación de demanda, especialmente a fs. 590, 2do., párrafo, no se condice con todo lo expresado durante el programa del día 12 de junio de 2011. En efecto, en este escrito se dice que Tomás Méndez se "ocupó concienzudamente de establecer que parte de la información respondía a fuentes que habían sido "hiperchequedas", y que debido al temor se negaban a hablar en cámara, prefiriendo hacerlo "por atrás". Este anuncio preliminar... significa una clara atribución de la información a la fuente, y por lo tanto exime a priori de responsabilidad del medio de prensa...". Ello no es así, porque como se dijo más arriba, hay dichos propios del accionado Méndez y esto borra la licitud de su conducta o, dicho en otras palabras, no cabe escudarse en la doctrina "Campillay" por la denuncia de las fuentes, cuando a ellas el demandado le adjudicó términos y contenidos propios.
20. Las consideraciones que se realizan en la contestación de expresión de agravios, en el sentido que el actor tenía una pista de aterrizaje en los campos que se atribuye, a lo cual se añade un inmueble de Córdoba que está registrado en Santiago del Estero lo que resulta sospechoso (ver fs. 590 vta.), no autoriza la lesión del honor de la persona del actor, por más que se encuentre denunciado en sede judicial por el delito de usurpación. ¿Cuál es la necesidad de agravar o reeditar esta circunstancia?; ¿Qué interés justifica la causación de este daño? En rigor, no había necesidad. (Orgaz, A. "Personas Individuales".Bs.As. Depalma. 1946, p. 156; Zavala de González, M., op., cit., T. 1, p. 342/43). Por otro lado, a la fecha de emisión del programa, la calificación de título "trucho" aparece apresurada, dado el estado de las actuaciones judiciales respecto al juicio por usurpación seguido en contra del actor, ya que sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia data de fecha octubre de 2012 y el programa fue el día 12 de junio de 2011.
21. Además, la prueba documental de diversos diarios que adjunta el demandado al caso de autos (ver fs. 337/377), donde se menciona al actor como "conquistador" o refiere aquella pieza probatoria a la resistencia de los ocupantes de la zona a perder sus tierras, sumado al juicio por usurpación, no significa que lo haya cometido. Téngase en cuenta que en el sub judice se debe resolver si la parte demandada y co demandada causaron el daño cuya reparación se persigue por lesión al honor del actor; por más que éste último se encuentre imputado del delito de usurpación; ello no permite que el órgano de información vulnere los fines para los cuales se concedió la libertad de informar. Es que cuando se trata del derecho al honor, bien debe diferenciarse si la persona cometió el delito por el cual se le acusa, o solamente está denunciado. Bien se dijo: " Sobre todo tratándose de noticias con evidente potencialidad calumniosa o difamatoria, se impone que el medio de difusión atribuya directamente su contenido a la fuente, utilice un tiempo de verbo potencial o guarde reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito" (CS., in re: "Costa, Héctor R. c/ Municipalidad de la Capital y otros" LL. 1987-B-269; Rivera, J. C. "La Libertad de prensa, el derecho al honor y el principio de inocencia" L. L. 2001 -B- 150).
22. Al tiempo de afirmarse la calidad del título, el actor sólo se encuentra como denunciado como autor del delito de usurpación; no se guardó reserva de su identidad en ese momento, ni se utilizó el tiempo de verbo en potencial, como lo demuestra la extensa transcripción del programa televisivo ADN, de fecha 12 de junio de 2011.
23. Lo dicho precedentemente se debe completar con la prueba rendida a fs. 280/288 en donde se dice que el lugar apto denunciado (LAD) se encuentra ubicado en una zona en litigio territorial entre las provincias de Santiago del Estero y Córdoba, por lo que, respetando los límites provinciales actuales, se rectifica la información de localización, por la provincia de Córdoba (fs. 286). (ver también fs. 288).
24. En definitiva, entonces, la primera queja se admite y por ende debe concluirse que la doctrina del caso "Campillay" no resulta aplicable al caso de autos, atento los elementos de prueba rendidos y los dichos propios del periodista demandado en el programa antes aludido.
25. El segundo agravio de la parte actora radica en una aplicación arbitraria de la doctrina de la real malicia. Sobre esta exigencia tuve oportunidad de pronunciarme en sentido adverso a dicho estándar en los autos caratulados:"Colombara de Moro, Nora Rosa c/ La Voz del Interior, Ordinario. Daños y Perjuicios. Otras Formas de Responsabilidad Extracontractual. Recurso de apelación. Recurso Directo, (sent. N 151 de fecha 27/11/2003, Cam. 8ta. C.C.).decisorio que fuera mantenido por el Tribunal Superior de Justicia.
26.Tampoco desconozco que nuestro más Alto Tribunal ha expresado que dicho estándar de jurisprudencia, doctrina de la real malicia, creado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso "New York Times vs. Sullivan" fue adoptado por la Corte Federal integrando su propia jurisprudencia y que los Jueces inferiores no pueden desconocer (Fallos 327:789, del dictamen del Procurador General, ap. IV, de fecha 28/6/2002), lo cierto es que esta doctrina de la real malicia importa un factor de atribución que no surge de la Constitución Nacional, ni del Código Civil, por lo que entiendo, se trata de un motivo de atribución del daño extraño a nuestro sistema de responsabilidad civil, y en todo caso, de raigambre jurisprudencial. (Cifuentes, S. "El Honor y la libertad de expresión. La responsabilidad Civil" Ll. 1993 -D- 1161; Bustamante Alsina, J. "Nuestro Derecho común interno frente a la doctrina jurisprudencial norteamericana de la "actual malice". LL. 1997 -A- 936).
27.Y, más allá de la consideración realizada precedentemente, lo cierto es que aun cuando se siguiera a pie juntillas los lineamientos dados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cierto es que ella resulta inaplicable al caso sub examine dado que el actor es un simple particular, respecto del cual no puede aplicarse el estándar de protección atenuada del honor, sólo concebido para aquellos casos de funcionarios y figuras públicas. El demandante F. al momento de realizarse el programa ADN (12/6/2011), no se trataba de una figura pública o conocida que permitiere invocar este estándar; todo lo contrario, pudiendo agregarse que de las directrices que dimanan de la jurisprudencia de la Corte Suprema, al momento de efectuarse el programa o difundirse la noticia, la persona debe ser funcionario o figura pública; si se trata de un ciudadano común que como consecuencia de la noticia, reviste a partir de ese momento notoriedad, la doctrina de la real malicia no puede invocarse en defensa del medio periodístico, y aun cuando se esgrimiere, como sucede en el sub lite, que existe un interés público o general. Una cuestión es que la comunidad toda se interese por el dato informativo y otra muy distinta es que bajo el ropaje de interés general se de satisfacción de la curiosidad ajena. En este sentido, para que no queden dudas, limitados a las consideraciones propias realizadas por el demandado Méndez carecen de interés general, no tienen proyección social (CS., in re:" Diaz, Daniel D. c/ Editorial La Razón. L. L. 1999 -B- 24; Flores, O. "Libertad de Prensa y Derechos Personalísimos: Criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" en Revista de Derecho Privado y Comunitario" Sta. Fe. Rubinzal Culzoni. 2006.2, p. 305).
28. Siendo así, corresponde nomás acudir a las reglas comunes de la responsabilidad civil, esto es basta la culpa contenida en el art. 512 del ordenamiento sustancial (Fallos 326:2491; Rivera, J.C. "Responsabilidad de la Prensa. Estado Actual de la Cuestión" en Revista Derecho de Daños. Daños Profesionales." Sta. Fe. Rubinzal Culzoni. N 8, p. 259).
29. Se dijo más arriba que la conducta de los demandados no podía tildarse de lícita a la luz de la doctrina "Camplillay" que invocaban, ya que el accionado había informado añadiendo dichos propios y hasta de una manera confusa. Verbigracia, dice que aterrizan cuatro aviones por semana aproximadamente, cuando en realidad lo que quiere informar es que el actor aterrizaría cuatro veces en la semana, todo lo cual ha sido formulado de forma asertiva y sin emplear cuando correspondía el verbo en potencial, debiendo añadirse la prueba documental que en fotocopia se agregó a fs. 22/32.
30. Aclarado entonces lo atinente a la antijuridicidad, queda aludir a la comprobación de la negligencia contenida en el art. 512 del CCivil y, en este sentido, en mi opinión, considero que ha existido una despreocupación mayúscula por el hecho que se daba a conocer; no se tomaron las diligencias que eran necesarias al transmitir la información sobre el actor, máxime si se tiene en cuenta que se trata de profesionales y que por ende, su actuación debe realizarse con un mayor deber de precaución (art. 902 CC). Se debe en todo momento evitar que la noticia o información que se da a conocer genere confusiones, insinuando la comisión de delitos. Una detenida lectura del texto transcripto en la sede anterior y parcialmente en esta instancia, muestra que la noticia se presentó de manera tendenciosa y exagerada, exorbitando los fines que tiene la actividad periodística.
31. Lo expuesto precedentemente no debe llevar a la conclusión que el presente decisorio deja sin contenido el art. 14 de la C. Nacional. Nada de ello. Pero ocurre que los medios de comunicación tienen derecho a informar y el público a conocer, pero siempre con limitaciones, esto es, respetando la dignidad de las personas, la exaltación de la verdad y sin perder como norte la búsqueda del bien común. Y, cuando el art. 14 de la Carta Magna entre en conflicto con el art. 19 de la C. Nacional, por la vulneración del alterum non laedere, habrá que preferir éste último cuando el medio de comunicación informó de manera inexacta, es decir, si a posteriori de la información se causó un daño injusto. (Sarmiento García, J.H. "Fundamentos y Extensión de la Libertad de Expresión" en Libertad de Prensa. Sta. Fe. Rubinzal Culzoni, p. 331 y ss.).
32. Estas razones me convencen que en el sub judice corresponde recibir la acción incoada por el actor y, en su mérito, debe condenarse a los demandados a indemnizar al damnificado el daño moral solicitado, el que se establece en la cantidad de pesos cuarenta mil, teniendo en cuenta para ello en primer lugar el derecho personalísimo lesionado, edad de la persona, difusión de la noticia, medio social en que habita el actor, todo con más el interés de la tasa pasiva promedio que utiliza el Banco Central con más el 2 % anual desde el día 12 de junio de 2011 y hasta el momento del efectivo pago.
33. A mayor abundamiento, puede indicarse que, si bien es cierto que el daño moral no puede ser medido en sí mismo por un procedimiento material (ya que no se lo puede contar, tampoco pesar, etc.), sí es factible hacerlo por una vía no menos real, aunque inmaterial: con la balanza de la mente y el metro del espíritu. Así, cuando se dice que el daño moral no requiere acreditación, en general se está aludiendo a la imposibilidad de prueba directa, pero las presunciones que emergen de determinadas situaciones constituyen también un medio probatorio, sólo que indirecto (cfr. Zavala de González, Matilde, en "Resarcimeinto de daños", T. 2b, pág. 593 y ss.).
34. A los efectos de establecer la indemnización por el rubro, es necesario en primer lugar considerar las condiciones personales del damnificado y la entidad de los padecimientos sufridos. Así cobra vital importancia el análisis de la gravedad objetiva del daño, la edad y personalidad de la víctima, su situación familiar y social, etc. (ver Roberto Vázquez Ferreira, "Responsabilidad por daños", p. 190, Ed. Depalma, 1.993)", (cf.: voto del Dr. Eduardo M. Martínez Alvarez y adhesión de los Dres. Domingo A. Mercante y Alberto J. Bueres en CNCiv., Sala "D", Sentencia del 8 de octubre de 1.999 en autos "Di Gregorio, Roque Vitale A. y otro c/. De Godos, Julio A. y otros s/ daños y perjuicios y sus acumulados "Di Gregorio, Lolita c/. De Godos, Julio A. y otro s/ sumario" y "Di Gregorio, Marcela J. c/ De Godos, Julio A. y otro s/ sumario")..." (Cf. "Fernández Hugo Santiago y otra c/ Fernando David Peralta- Daños y Perjuicios" Sentencia n° 196 del 11 de diciembre de 2.003).
35. Respecto al agravio vertido en el punto c) del presente, que refiere al rechazo de la acción declarativa de inexactitud, desde ya adelanto opinión en el sentido que esta queja no debe admitirse. Comparto la afirmación del recurrente ésta se trata de una acción supletoria y no complementaria de la acción de daños y perjuicios también impetrada en el caso que nos ocupa. Descartado que pueda invocarse la doctrina del caso "Campillay", que tratándose de un ciudadano común, basta la culpa contenida en el art. 512 del C. Civil para lograr la reparación, y que el interés público no justifica la lesión al honor de ese particular, la declaración de la negligencia es suficiente para responsabilizar a los demandados por el daño moral causado, y así lograr el resarcimiento adecuado (arts. 1067-1078 del CC). Es decir, nuevamente declarar lo mismo mediante la acción de inexactitud sería redundante. Reitero, acreditada la negligencia de los accionados, la acción supletoria carece de asidero.
36. La última queja de la parte actora refiere a las costas. Sobre el particular, dado el resultado de este pronunciamiento, ellas deben ser soportadas por el demandado y co demandados, atento que el carácter de vencidos recae sobre ellos, según el principio objetivo de la derrota contenido en el art. 130 del C. Ritual.
37. A mayor abundamiento, la parte actora ha obtenido una pronunciamiento favorable, no totalmente favorable teniendo en cuenta la exactitud de lo reclamado, sino que jurídicamente, y no aritméticamente, la demandante ha logrado un reconocimiento de su derecho íntegro, más allá que la reparación no sea la pretensión numérica exacta de lo consignado en la demanda. Insisto, la lectura detenida del fallo recurrido, como la de este Tribunal de Grado, muestra que la calidad de vencidos sólo puede predicarse de la accionada y co accionada (Ver Palacio, L. "Derecho Procesal Civil" Bs.As. Abeledo Perrot. 1970. T. III, p. 369). Por ello, reitero, las costas de la primera instancia deben imponerse en su totalidad a la demandada y co demandada.
38. El recurso de apelación interpuesto por la parte actora en los términos del art. 121 del estatuto arancelario deviene abstracto, ya que los estipendios regulados en la sede anterior deben quedar sin efecto, y volverse a regular los honorarios de los profesionales intervinientes, teniendo presente el sentido de este decisorio, todo sin costas.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO P.B. TINTI, dijo:
Compartiendo los fundamentos expresados por el Sr. Vocal del primer voto, adhiero en un todo a la cuestión planteada.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. LEONARDO C. GONZÁLEZ ZAMAR, dijo:
Adhiriendo a los argumentos expuestos por el Sr. Vocal Dr. Julio C. Sánchez Torres, voto en igual sentido a la cuestión propuesta.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JULIO C. SANCHEZ TORRES, dijo:
Por todo lo expuesto hasta aquí, opino que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora debe prosperar parcialmente, revocándose el decisorio en crisis, y en consecuencia, se condena a la demandada y co demandada, de forma solidaria, a indemnizar al actor el daño moral ocasionado, establecido en el cantidad de pesos cuarenta mil ($ 40.000), con más el interés fijado en el Considerando respectivo en el término de diez días de quedar firme la presente. Confirmarla en lo demás que decide. Imponer las costas de ambas instancias, atento el resultado del presente pronunciamiento a la demandada y co demandada, debiendo dejarse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas. Estimar el porcentaje de los emolumentos del Dr. Ramón Daniel Pizarro en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 36 de la Ley arancelaria. Declarar abstracto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en los términos del art. 121 de la Ley arancelaria, sin costas. Así Voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO P.B. TINTI, dijo:
Compartiendo las conclusiones a las que arriba el Sr. Vocal preopinante, a la cuestión planteada voto en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, dijo:
Adhiriendo en un todo a las conclusiones del Sr. Vocal del primer voto, a la cuestión propuesta voto en igual sentido.
Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
I)Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar el decisorio en crisis condenando a la demandada y co demandada, de forma solidaria, a indemnizar al actor el daño moral ocasionado, establecido en el cantidad de pesos cuarenta mil ($ 40.000), con más el interés fijado en el Considerando respectivo en el término de diez días de quedar firme la presente.
II) Confirmarla en lo demás que decide.
III) Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada y co demandada, debiendo dejarse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sede anterior.
IV) Estimar el porcentaje de los emolumentos del Dr. Ramón Daniel Pizarro en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 36 de la Ley arancelaria.
V) Declarar abstracto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en los términos del art. 121 de la Ley arancelaria, sin costas.
VI) Protocolícese, hágase saber y bajen.
Julio C. Sánchez Torres - Guillermo P.B. Tinti - Leonardo C. González Zamar.
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