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30 de Diciembre de 2019

Doctrina Online

Particularismos del principio de reunificación familiar de las personas migrantes a la luz del Decreto 70/2017

Se indagará en la preservación de los vínculos familiares y el principio de reunificación familiar como piedra fundamental infranqueable del derecho a la vida familiar, a la unidad familiar y el interés superior del niño. Analizaremos críticamente el tope del art. 62 y el art. 29 de la Ley de Migraciones (T.O. 25871), y sus modificaciones introducidas por el Decreto 70/2017. Dicha norma, junto con las prácticas institucionales y los prejuicios que moldean los espacios de circulación, vinculan a la migración con la criminalidad. Nos centraremos en el caso de Vanessa Gómez Cueva, quién luego de cumplir la totalidad de su condena en Argentina, fue separada de sus dos hijos menores de edad, al ser expulsada en febrero de este año a su país de origen. Tal desmembramiento del seno familiar, ha repercutido a nivel social, lo cual ha motivado a que distintas organizaciones realizaran una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponiendo el caso en cuestión. Desde esta perspectiva, el migrante es visto por el Estado como un extranjero que no tiene proyecto de vida en nuestro país, y por lo tanto es un "otro" que debe ser devuelto. Consideramos que el instituto de la expulsión es una continuidad de la ejecución de la condena, y el actual marco normativo es perjudicial para el migrante que atraviesa un proceso penal. Como "el mal viene de afuera", las propias prácticas estatales pretenden preservar su soberanía con un trámite de expulsión "exprés".

Jurisprudencia de interés

Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la medida cautelar mediante la que se ordenó a la accionada cubrir el medicamento para la patología de "resistencia a la hormona de crecimiento endógena" que presenta la hija del amparista. Ello así pues, la Cámara basó su argumentación en los deberes emanados del Programa Médico Obligatorio, en las normas atinentes al sistema de seguro de salud y en las disposiciones constitucionales e internacionales relativas a la protección de la vida, la salud y los derechos de niños y niñas, pero omitió examinar los términos de la Resolución 2329/14 del Ministerio de Salud de la Nación, expresamente invocada por la demandada, a cuyas exigencias dijo la accionada haber ajustado su conducta y sobre cuyos términos estructuró su defensa con el fin de demostrar que la menor no reunía los requisitos a los que el precepto supedita la cobertura de la medicación reclamada. En consecuencia, la decisión, en tanto confirmó la medida cautelar sin efectuar un análisis serio de la situación fáctica a la luz de la normativa invocada que expresamente rige el caso, lo que resultaba imprescindible a fin de determinar la existencia del recaudo de verosimilitud del derecho invocado, deviene ciertamente infundada por lo que corresponde dejarla sin efecto con arreglo a la conocida doctrina en materia de arbitrariedad de sentencias, sin perjuicio de lo que, oportunamente resuelvan los jueces de la causa como cuestión de fondo según los elementos que se aporten a las actuaciones.
D. P., C. S. vs. Obra Social del Poder Judicial de la Nación s. Amparo de salud /// CSJN; 26/12/2019; Rubinzal Online; 5410/2017; RC J 13457/19

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