Afirma el autor que la emergencia sanitaria provocada por el avance de la pandemia de COVID-19, obliga al Derecho Administrativo a proporcionar la máxima agilidad y flexibilidad para satisfacer las necesidades originadas en consecuencia, pero al mismo tiempo garantizar los principios generales que rigen en materia de contrataciones públicas.
Contratación pública en situación de emergencia: Novación del contrato y beneficio compartido[1]
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